Raquel Rolnik, relatora especial de las naciones unidas, ha
presentado un informe donde critica con dureza el paradigma inmobiliario
basado en la financiación como mecanismo financiero, solicitando a los
gobiernos afectados que abandonen de inmediato las políticas centradas en la
financiación en pro de unas políticas basadas en los derechos humanos.
En el informe de 23 páginas describe con detalle la situación
actual del mercado inmobiliario mundial marcado por los dogmas
neoliberales heredados del siglo pasado y que se había extendido desde
Norteamérica a Europa y posteriormente a América latina.
La privatización publica de viviendas de alquiler, ha provocado
en algunas economías como la española una desaparición paulatina de los
mercados de vivienda pública a favor de la privada.
La difusión de que la propiedad es la mejor opción de
tenencia también se ha extendido fuertemente sobre la población, relegando a un
segundo plano otros tipos de tenencia alternativos o bien establecidos, como la
vivienda de alquiler (pública o privada) y diferentes formas de propiedad
cooperativa y colectiva en muchos países de la OCDE.
El descubrimiento de que el elemento crucial de esta
transformación era la necesidad de contar con sistemas de
financiación de la vivienda. Por financiación de la vivienda se entienden
las políticas y programas financieros cuyo objetivo es sufragar el costo de la
vivienda de una persona o familia proporcionando prestamos (micro créditos,
hipotecas) o subvenciones (exenciones fiscales y subsidios) para comprar,
alquilar, construir o remodelar dicha vivienda.
La mayoría de las políticas y estrategias de financiación
van dirigidas a las personas y no a las instituciones que alquilan
viviendas, tienen por objetivo promover la propiedad.
El informe destaca que en la década de 1980 el proceso de
desregulación, liberalización e internacionalización de la economía tuvo una
importante repercusión en el desarrollo urbano inmobiliario.
Otro punto destacado en el informe es que se ha producido una transformación
del concepto de vivienda adecuada, que deja de considerarse un bien social para
convertirse en un producto comercial y una estrategia de las familias
para acumular riqueza y asegurar su bienestar. El sector inmobiliario se
considera como una fuerza que puede impulsar el crecimiento económico
continuado y sostenible.
La accesibibilidad de la financiación de las capas más pobres de
la población al mercado de la vivienda, debido a la disminución de inversiones
públicas a los sectores más desfavorecidos es motivo de análisis profundo
por la Relatora de la ONU ,
pues es en esta franja de ciudadanos donde se plantean graves deficiencias
dentro del sistema de bienestar.
Las políticas públicas acometidas en diversos países han
atentado contra el artículo 11, párrafo 1 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
La falta de supervisión, planificación y control de algunas
políticas promovidas en las ultimas décadas han promovido de forma creciente la
discriminación y desigualdad entre la ciudadanía, sobre todo debían haber
prestado una mayor atención a los derechos de las personas pobres y
desfavorecidas. Los estados debían por tanto vigilar, ajustar y rectificar sus
políticas y programas en consecuencia.
Se critica la forma en que se han otorgado los prestamos
hipotecarios a las familias, los llaman prestamos leoninos que han afectado a
las personas mas vulnerables y se consideran desde este informe como
discriminatorios al mismo tiempo que a escala macroeconómica se observaron
efectos negativos del crecimiento de los créditos en la vivienda con el aumento
de precio de las mismas.
Los países que adoptaron un sistema de hipotecas sumamente
abierto, basado en préstamos de alto riesgo, entre los cuales se incluye
España, han venido sufriendo una grave crisis desde 2008, que coincide con la
propagación de la crisis financiera de EEUU. Aumentan como consecuencias de
todo ello, la morosidad, las ejecuciones hipotecarias y el número de personas
sin hogar.
Tras la crisis la restricción crediticia ha vuelto a dejar fuera
a los individuos de bajos ingresos, además de que los gobiernos han aumentado
la reglamentación de los sectores bancarios y financieros, en el caso español.
Otra queja del informe es el que hace referencia a las subvenciones
vinculadas con la financiación de la hipoteca y el ahorro que no suelen
dirigirse a los pobres y en realidad benefician a quienes tienen más recursos.
De las conclusiones y recomendaciones del informe extraemos las
más llamativas:
Critica que la financiación de la vivienda se ha convertido en
un pilar central de los mercados financieros mundiales.
El estado ha pasado de ser proveedor de viviendas asequibles a
facilitador de los mercados inmobiliarios y financieros
La relatora opina que en general estas políticas sociales en
vivienda no han servido para promover el acceso de los sectores de población
mas desfavorecidos a una vivienda adecuada.
Por su naturaleza misma, las políticas de financiación de la
vivienda basadas en el crédito discriminan a las familias de menores ingresos
Estas políticas no abordan los aspectos más amplios del derecho
a una vivienda adecuada
La vivienda ha sido concebida como un activo y un producto
básico, distribuido solo por las fuerzas del mercado.
Los pobres han estado al margen de soluciones adecuadas a ello
más allá de la lógica financiera de los mercados inmobiliarios.
Los Estados siguen invirtiendo grandes cantidades de
recursos públicos en rescates, subsidios, y exenciones fiscales.
Finalmente se recomiendan 15 medidas par atenuar la grave
situación que atraviesan sectores de población afectados por la crisis
financiera e inmobiliaria.
Para mas información pueden descargarse el informe completo en
PDF
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