Septiembre 2014. Autora: Silvia Velasco Navarro.
Transcurridos más de 5 años desde la primera moratoria
hipotecaria en primavera de 2009 , la problemática del mercado de la vivienda en España sigue siendo
una gran asignatura pendiente para gobernantes y afectados por el
sobreendeudamiento.
España ha sido tradicionalmente un país de ladrillo y vivienda
en propiedad tal y como dijo José
Luis Arrese, el primer ministro de vivienda de la Historia “Queremos un país de propietarios y no de
proletarios”. Esta frase ha marcado los designios de miles de familias
españolas a lo largo de las últimas décadas. Ahora es cuando muchos se
arrepienten de tal afirmación, de asignarle tan alta estima al valor financiero
de la vivienda que como ya comenté en otro post, el profesor García Montalvo acabó
denominando las falacias de primera y segunda generación que ahora recordamos
brevemente:
- "El precio de la vivienda no podía bajar".
- "Los precios de la vivienda en España tienen que converger a los precios europeos"
- El tercer mito "Para pagar un alquiler mejor pagar una hipoteca y al final la casa es tuya"
- La Falacia de la insistencia en que "Los mercados inmobiliarios son locales y que en algunos sitios, indeterminados, no queda stock y los precios ya están subiendo".
- "El sector inmobiliario se puede recuperar sin que los precios bajen más"
Por tanto de aquella primera fase
expansiva que ha durado más de 50 años, sobreviene la fase del shock financiero
bursátil entre 2008 (Llegada de las hipotecas subprime)
y 2012 donde por primera vez se promulga un Código de Buenas practicas
Bancarias, inexistente hasta la fecha que puso la primera piedra de lo que
comenzaría a institucionalizar la Mediación Hipotecaria
como nueva herramienta al servicio del ciudadano.
Tras la segunda etapa, comienza la
etapa de reacción social hacia las viviendas desocupadas, el desalojo
(desahucios) producidos por la falta de pago y sobreendeudamiento familiar y la
necesidad de que el Estado tome cartas en el asunto habitacional.
Las respuestas a esta crisis de
vivienda tienen diferentes actores:
1) Por un lado el Tercer Sector, de
mano de Caritas, Provivienda, Plataforma
DESC, las Plataformas de hipotecados y Stop Desahucios; La negociación y la
confrontación hacia normas constitucionales que perjudican a los afectados por
hipotecas concentran gran parte de su atención, además de atención social y psicológica
a las familias, con orientación jurídica y social acompañada en ocasiones por
convenios con servicios sociales municipales aunque no siempre fructíferos.
2) Por otro lado El Consejo General
de la Abogacía,
a través de sus Oficinas de Intermediación Hipotecaria en ciudades importantes,
con convenios de Diputaciones de cada comunidad autónoma, supone un avance jurídico
ya que muchos afectados no tenían acceso a justicia gratuita hasta bien
avanzado el embargo hipotecario con la consiguiente indefensión. Solamente quedaba
que se materializaran acuerdo conjuntos con las CCAA y Servicios sociales
municipales para coordinar ayudas sociales
y búsqueda activa de vivienda alternativa a los afectados, por lo que
solo la información jurídica del problema no consuela a quienes arrastran
problemas familiares y psicológicos por la perdida del hogar. Dentro del
territorio español el más avanzado ha sido el CMICAV de Valencia por los
acuerdos alcanzados en multitud de localidades con coordinación con otros entes
institucionales y una gran profesionalización de los voluntarios que imparten
la intermediaciónmediación hipotecaria.
3) La respuesta del sector bancario
quizás es la que más sombras y críticas ha recibido por parte de todos los
sectores implicados. La simple firma del Código de Buenas Prácticas por las
entidades bancarias no ha facilitado que concluyeran en un gran aumento de
alternativas hipotecarias o dación en pago de viviendas. La problemática bancaria
de su cartera de activos, la refinanciación de éstos y el pago de sus deudas
con los acreedores se proponía como primer paso fundamental además de las pingues
ayudas gubernamentales recibidas en sus haberes. La ciudadanía no encontraba la
misma respuesta en modo de acciones directas para evitar, paralizar desahucios
y ofrecer alternativas más allá del SAREB (copia del modelo irlandés) y su
ofrecimiento a renegociar deudas contraídas con ellos en base a los decretos
que desde 2012 el Gobierno propone y a los que pocos ciudadanos hipotecados
pueden acogerse por sus medidas restrictivas y tasadas.
4) Las Comunidades Autónomas no se
quedan atrás y en algunas se proclama como en el caso andaluz novedades
legislativas como la expropiación temporal de viviendas desocupadas de la Banca y en proceso de
embargo hipotecario que actualmente sigue paralizada en el Tribunal
Constitucional por invadir competencias
exclusivas del Gobierno y el Programa Andaluz en Defensa de la vivienda que no
todos los municipios andaluces han firmado. Otra sombra más que añadir en el laberinto sin
salida que es el mercado de la vivienda en España.
Otro ejemplo lo tenemos en Castilla y León con el Servicio Integral de
apoyo a las familias en riesgo de desahucio, el programa más completo hasta la
fecha que coordina a instituciones y orienta desde los servicios sociales de
base directamente a las familias afectadas.
5) No menos importantes son las
respuestas judiciales tanto nacionales como internacionales. Los jueces a veces
en aplicación de sus normas se han visto obligados a cumplir sus cometidos y
algunos más valientes han puesto en duda la constitucionalidad de algunas
normas mercantiles y civiles como fue el ejemplo de la sentencia del TJUE
(Tribunal de Justicia de la Unión Europea)
que pone en jaque a la Ley Hipotecaria.
De momento no se ha movido ficha al respecto pero de cara a futuro puede que la
sociedad obligue a los responsables legislativos a converger con las normas
europeas en esta materia y deje de tener la Banca el privilegio sobre los contratos
hipotecarios sin un previo asesoramiento legal que garantice los mismos a los
ciudadanos.
Lo único que si unen a todos los
participantes de esta situación es el hecho de necesitar una solución
plausible, práctica, menos traumática y
costosa para quienes la padecen y más rápida de cómo los hechos se resuelven en
la actualidad, todas estas características las posee la Mediación Hipotecaria
que ya se venía ejerciendo anteriormente en algunas ONG,s para solventar
problemas de alquiler y que ahora se ha extendido y profesionalizado derivado
de una gran necesidad habitacional nacional. Solo nos queda puntualizar que no
solo de Mediación vive el hombre, ha de ser complementada con convenios
judiciales, con convenios con instituciones más cercanas al ciudadano como
servicios sociales y profesionales de otros gremios (economistas,
administradores de fincas, notarios…) y con medidas de indole politico/legislativo complementario para que sepan colocar a esta nueva
Mediación en el lugar que le corresponde y que finalmente el ciudadano de a pié pueda beneficiarse de ellas.
