Mostrando entradas con la etiqueta exclusion residencial. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta exclusion residencial. Mostrar todas las entradas

miércoles, 10 de diciembre de 2014

La crisis familiar sistémica y las nuevas formas de afrontar el futuro residencial a debate


Diciembre.2014. Silvia Velasco Navarro. Mediadora Residencial.

En un reciente seminario celebrado en Sevilla con el nombre “La vivienda que queremos” organizado por Arquitectura y compromiso social, se vuelve a poner el acento en las desigualdades surgidas en el sector de la vivienda en España y más aún desde el comienzo de la desprotección ciudadana y desahucios a los que estamos siendo testigos desde 2007.

Los cambio sociales que se están produciendo debido al proceso de involución en la vivienda (producción residencial), al mismo tiempo que el envejecimiento acelerado de la población, esta alterando las condiciones necesarias para la reproducción social, es decir el modo en que los ciudadanos plantean su forma de convivencia a la par que se producen alteraciones en la búsqueda de empleo conjuntamente.

El fenómeno de la vivienda como bien económico y el hecho de que se aleje la oferta y demanda, deja a la ciudadanía fuera del juego social a la hora de tomar decisiones residenciales y abre una brecha aún mayor, ya que siendo un bien necesario para la subsistencia/salud, y  como espacio vital imprescindible para la socialización y factor de inclusión de primer orden, dista cada vez más de estar al alcance de quienes lo requieren con urgencia.

Es una evidencia tras más de 5 años de crisis financiera y residencial el propio fracaso del modelo de producción inmobiliaria en España, ha conllevado un estrés psicosocial si valorado por plataformas y ONG,s pero no sociológicamente, cuyas consecuencias serán medidas en futuras generaciones, sobre todo  jóvenes y clases medias.

La importancia de la cooperación económica en las familias y la solidaridad intergeneracional ha sido el gran dique de contención de la crisis, según Laura Ponce de León. También los desahucios y la conflictividad social ha sido tema de debate en las jornadas celebradas en Melilla en el curso “Mediación e intervención social” . Añade además que esta Reacción de las familias ante la crisis: el Familismo no ha sido una estrategia más, también lo han sido la búsqueda de ayudas externas e institucionales. Pero los recursos como no son ilimitados están generando enormes tensiones y un agotamiento social con un alto nivel de estrés. Como resultado nos encontramos con familias más empobrecidas y sin capacidad de ahorro.

La llegada de alternativas como la mediación en el ámbito hipotecario (OIH del consejo de la abogacía)  y la leyes de primera generación de mediación de las CCAA están sirviendo de primera atención básica para atender  a esta nueva conflictividad creciente de familias con exclusión residencial que deberán hacer frente con gran inquietud a los nuevos modelos residenciales (alquiler social, alquiler privado menos rígido, dificultades en el acceso hipotecario..) donde primará la movilidad laboral frente al establecimiento en una estancia fija como venia siendo costumbre dado el alto numero de propietarios en nuestro país frente a otros países europeos.

Una cuestión es evidente la fragilidad social derivada de la falta de bienestar ya que se han dañado las estructuras y pilares básicos (falta de vivienda, trabajo, ayudas/apoyos  con recortes, copagos..)

La Mediación de choque surgida recientemente puede no paliar toda la problemática estructural del momento pero si es cierto que la Mediación familiar y/o civil  que se va implantando en autonomías  y ciudades principales abrirá la puerta a una mediación más profesionalizada  donde los profesionales se verán obligados a un continuo dossier formativo de capacidades (financieras, legales, sociológicas, urbanísticas, habilidades sociales..) necesarias para afrontar una profesión compleja nacida de la necesidad social generada por una sociedad en continuo y vertiginoso cambio social y residencial.

Estas nuevas modalidades a las que deberá hacer frente un mediador son entre otras:

  • Negociación con familias que adquirieron viviendas sin acabar
  • Intermediación con Entidades Bancarias y nuevas entidades (Sareb, fondos buitre..)
  • Mediación con parejas separadas y reconstituidas con deudas hipotecarias y avales bancarios
  • Reeducación familiar para resolver la adaptación de los  abuelos que regresan al hogar familiar de residencias (reunificación de ingresos familiares)
  • Conflictos familiares derivados del sobrealojamiento de la vivienda familiar (Hijos separados, independizados sin recursos) que regresan al núcleo familiar
  •  Modificaciones familiares en los testamentos y sucesiones
  • Variaciones patrimoniales en casos de desahucios y embargos (establecimiento de nuevos herededos/propietarios para evadir impuestos, embargos..)
  • Replanteamiento de la familia del como gestionar una propiedad en alquiler  en caso de posible impago y/o cambio de lugar de residencia.

Más info:
https://www.diagonalperiodico.net/panorama/24879-modelo-produccion-residencial-ha-alterado-condiciones-necesarias-para-la-reproduccion
http://extension.uned.es/actividad/idactividad/8447






miércoles, 11 de septiembre de 2013

Andalucia contra los desahucios




Con este lema, la Conserjería de fomento y vivienda con Elena Cortes a la cabeza, ha presentado recientemente en los medios, los resultados del programa andaluz en defensa de la vivienda que comenzó su andadura en octubre del pasado año 2012.

A través de You tube se presenta desde la Conserjería el video promocional con el titulo "Andalucía contra los desahucios" y que trata de visualizar la necesidad de aunar esfuerzos y proponer nuevas vías, entre ellas a través de métodos de resolución de conflictos tales como la mediación y negociación, además de incentivar la prevención y evitar el sufrimiento a las familias sobre endeudadas. 

Video:  http://www.youtube.com/watch?v=kGuz_l-dC7w&feature=youtu.be

Desde sus comienzos, la conserjería ha apostado fuerte por este programa al cual se han adherido numerosos ayuntamientos andaluces a través de convenios y acuerdos marco a fin de establecer colaboraciones conjuntas que articulen la puesta en marcha del programa, sobre todo en lo que respecta a los trabajadores sociales de zona para que puedan emitir informar sociales vinculantes que informen de la situación de necesidad de cada familia. En total 215 ayuntamientos, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, se hayan adherido al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. Lo que se ha considerado en llamar " bloque político e institucional contra los desahucios"

Además el programa para la defensa de la vivienda contempla también  un sistema de protección para aquellas familias que han perdido su vivienda. En estos casos desde la oficina se remite a las familias al registro de demandantes de vivienda de cada Municipio y se les deriva al trabajador social de zona con la finalidad de crear un sistema de alarma ante la situación de necesidad en la que se encuentra la familia.


Ante la situación de desahucio, existe la posibilidad de que la entidad financiera establezca a la familia un alquiler solidario para que ésta se quede viviendo de alquiler en su propia vivienda, o bien les pone a disposición una vivienda que disponga el banco en régimen de alquiler económico. Este acto es voluntario para las entidades bancarias.


 El pasado mes de Julio, la consejera Elena Cortes inició una ronda de negociaciones con entidades bancarias  entre ellos, además de  Amanda Meyer, secretaria general de Vivienda, y Antonio Ibáñez, director general de Vivienda, así como representantes del Grupo Santander, Caixabank, Unicaja, BBVA, Banco Sabadell, CajaSur, Caja General de Ahorros de Granada, Cajamar, Ibercaja, Caja Rural de Granada, Caixanova Galicia y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como banco malo.

Cortés ha instado a las entidades financieras presentes a adherirse mediante convenio al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, "una herramienta útil que lleva frenando desahucios desde octubre en todas las provincias". Hasta el momento ninguna entidad financiera ha firmado ningún convenio ni se ha adherido a dicho programa, según indican desde la Junta. 

 Este convenio que se ofrece a dichas entidades permite a las familias que actualmente son incapaces de hacer frente a su hipoteca poder continuar en sus casas mediante la fórmula del alquiler con opción a compra. Además contempla una serie de alternativas para evitar en última instancia el desalojo, como la renegociación de las condiciones del préstamo hipotecario (ampliación del plazo de carencia o del plazo de amortización) o la dación en pago. Las cajas y bancos firmantes del documento se comprometen, igualmente, a no iniciar reclamación judicial contra el afectado en el plazo de un mes, tiempo en el que la Junta debe elaborar una propuesta individualizada para liquidar la deuda de la persona afectada. 

Los servicios sociales comunitarios y también los de base adquieren a partir de ahora un protagonismo mayor pues son los que tratan a través de sus trabajadores/as sociales los que realicen  infórmense sociales que  propongan no solo la situación de las familias sino la necesaria solución (parcial de alojamiento y necesidad) para mantener contacto permanente con el nuevo rango de clases medias que debido a la crisis se enfrentan a episodios traumáticos de exclusión residencial y social.

Más info:
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-reune-11-bancos-les-pide-paralicen-desahucios-sumen-programa-defensa-vivienda-20130730160335.html



miércoles, 30 de enero de 2013

Conclusiones de las jornadas en Zaragoza "Sistema HIpotecario y Exclusión Residencial"





El pasado 24 de Enero se expusieron las conclusiones de las Jornadas organizadas por la Catedra Vivienda de Zaragoza cuyas ponencias detalladas se exponen al final de este post.

La complejidad del sobreendeudamiento familiar ha requerido la presencia de ponentes de diversas areas (estadisticas, juridicas, sociales, activistas del derecho a la vivienda..) y esto supone que replantear este asunto configura diversas perspectivas (visiones) desde la optica de la normativa hipotecaria, enjuiciamiento civil, arrendamientos urbanos para poner freno a la grave exclusion social que viven miles de ciudadanos.

Instituciones como la Catedra Vivienda de Zaragoza  comprometidos con la gravedad de crisis familiar lleva impulsando iniciativas para profundizar en este área.

La burbuja inmobiliaria aun sigue dando coletazos, lo peor para algunos ya pasó pero para otros expertos, no se atisba soluciones efectivas  sobre esta crisis hipotecaria que afecta de manera estructural y politica a la legislación que se esta poniendo en marcha, que aun no consigue afrontar de lleno el problema de base basado en el precepto constitucional del derecho a la vivienda digna.

La exclusión social representa  quizás un fracaso de las pretensiones del estado de bienestar y las distintas posturas que han marcado las jornadas exponen que la sociedad no pueda satisfacer necesidades basicas que estaban garantizadas en nuestra constitución.

Entre las conclusiones planteadas transcribo de forma literal lo publicado desde la Catedra:

"Para ello, existe consenso acerca de la necesidad de reformas, incluso de las cuestiones a reformar, aunque no de las soluciones que finalmente se adopten. Se plantea, primero, la necesidad de profundizar en la regulación, obligatoria y no puramente indicativa para las entidades de crédito, del crédito responsable como instrumento fundamental para prevenir el sobreendeudamiento de las familias. Asimismo, el acento no sólo debe ponerse sobre las situaciones en las que ya se ha llegado a la ejecución hipotecaria, sino que, mucho antes, es preciso establecer normas claras, imperativas y protectoras de los consumidores en relación con las cláusulas abusivas presentes en muchos préstamos con garantía hipotecaria que, en ocasiones, pueden llegar a determinar mora y ejecución de la hipoteca.


En ese contexto, los movimientos ciudadanos y asociativos se están percibiendo como una auténtica palanca de cambio social y normativo, como un elemento dinamizador de reformas normativa. Son, además, herramientas que para muchos ciudadanos han servido para poder hacer frente a una situación, como la de mora en el pago de sus préstamos, ante la que estaban solos y que consideraban inabordable. Los movimientos ciudadanos y asociativos, en fin, surgen también como consecuencia de los problemas del sistema representativo, no cuestionando la democracia, pero sí exigiendo que los intereses que atiendan prioritariamente los representantes políticos sean los intereses generales y ciudadanos.



También se han abordado los problemas de la judicatura, no tanto del poder judicial cuanto de los jueces que, en el día a día, han de hacer frente a ejecuciones hipotecarias en las que su margen de apreciación, su poder para juzgar y resolver conflictos jurídicos, resulta nula. El problema, como ocurre con el propio sistema representantivo, se pone de manifiesto durísimamente desde esta perspectiva, que, de nuevo, es la punta de un iceberg en el que la insuficiencia de medios de todo tipo para la judicatura, magníficamente ejemplificada por unos sistemas informáticos obsoletos e incompatibles entre sí en el conjunto del Estado, convierte la justicia en algo tardío, difícil de conseguir con rapidez y ahora, como consecuencia de la Ley de Tasas, inabordable económicamente para muchos.

Finalmente, como es lógico, el acento se pone sobre los poderes públicos, responsables últimos, aunque no exclusivos, de la situación y  competentes para impulsar y aprobar las reformas que se consideran precisas para afrontarla. De ellos se piden normas imperativas y no códigos voluntarios, cuyo fracaso se está demostrando día a día, la limitación del sobreendeudamiento, la regulación de la dación en pago (con alternativas diversas que van desde su previsión como posible medida a adoptar en sede judicial, hasta su regulación directa en la normativa hipotecaria y de enjuiciamiento civil, incluso con carácter retroactivo), el establecimiento de moratorias en el pago o en la ejecución (y no simplemente en el lanzamiento, que implica únicamente demorar la soluación del problema) o la regulación efectiva de un sistema de alquiler social, en mano pública y no de las entidades de crédito ejecutantes de hipotecas. La iniciativa legislativa popular impulsada desde la PAH y otros colectivos, y que empieza a ser apoyada incluso por administraciones públicas (como el propio Ayuntamiento de Zaragoza) se considera un instrumento óptimo para llevar ese debate a sede parlamentaria y reconstruir el consenso ciudadano y político.

En definitiva, se trata de construir, desde el consenso ciudadano, social y político, un nuevo modelo de provisión de vivienda, más equilibrado en todos los sentidos, tanto en lo que respecta a la relación entre alquiler y propiedad como en lo relativo al equilibrio entre partes, hoy inexistente. Para ello, además, unánimemente se consideran totalmente insuficientes las medidas adoptadas por los últimos Reales Decretos-ley tanto en lo relativo al código de buenas prácticas, cuyos resultados prácticamente son nulos, como en lo que respecta a la protección de deudores hipotecarios, por su reducidísimo ámbito de aplicación, su propia concepción como paralización del lanzamiento tras la ejecución y, en lo que respecta al Fondo Social de Vivienda, su concreta articulación, de nuevo en mano de las entidades de crédito ejecutantes, a las que el ejecutado deberá luego pedir vivienda en alquiler, con unas administraciones locales cuyo papel queda notabilísimamente limitado.

En los siguientes enlaces podéis obtener algunas de las ponencias presentadas y, en unos días enlazaremos los audios de algunas de las intervenciones realizadas en las mismas":





Ada Colau. Enlace a su libro, editado en CC, Vidas hipotecadas.



Publicado Yesterday por Cátedra Zaragoza Vivienda


jueves, 3 de mayo de 2012

Moratoria invernal 2ª parte..


20 de Marzo de 2012. El Grupo parlamentario Entesa pel Progés de Catalunya,  presenta una Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000 de 7 de Enero  de Enjuiciamiento Civil, para la moratoria invernal de los desahucios, para su debate en el pleno.

Este partido catalán plantea en su exposición de motivos es que una de las consecuencias más dramáticas de la crisis económica es el goteo incesante en las ejecuciones de las ordenes de expulsión y desahucio de hogares por impago, que dejan en el mas absoluto desamparo a centenares de familias en España. Las cifras  son alarmantes de procesos de ejecución hipotecaria  unido a procesos de desahucio por alquiler.

En esta coyuntura se menciona en dicha Proposición de Ley la legislación francesa  en un articulo dentro del Código de construcción y de la vivienda francés que establece una moratoria invernal para el sector de la vivienda entre el 1º de noviembre  al 15 de marzo. Dicha tregua, vigente desde el año 1956, conlleva que durante el periodo invernal esté prohibida toda ejecución de las ordenes de expulsión o desahucios por impagos (salvo si se ofrece una reubicación inmediata con garantías suficientes para las necesidades de toda la unidad familiar). En otros países se regulan  moratorias similares como en la región de  Bruselas.

Tomar como base estas iniciativas europeas trae a colación al caso español por la constante lucha sobre la dignidad humana y la exclusión social, además de plantear , según esta Propuesta de Ley ante el Senado, un mecanismo esencial de prevención en materia de salud publica, ambos elementos estructurales para la economía.
España carece de normas similares, a pesar de la vulnerabilidad social para el caso de impagos de alquiler o impago de hipotecas. De ahí la necesidad de incluir una modificación en la Ley de enjuiciamiento civil y suspender de manera temporal  en invierno la ejecución de  desahucios.

El resultado de las votaciones en el Senado  publicadas en medios el pasado dia 25 de abril  fué el rechazo de esta iniciativa ante el Senado , PP se opone al considerarla imprecisa, CIU se abstiene y el PSOE ha votado a favor.

Lo que se extrae de esta propuesta es que ahora más que nunca cuando la mediación y el dialogo constructivo es más necesario, se deben implementar y poner en marcha mecanismos o instrumentos que traten de paliar esta situación, tanto desde iniciativas legislativas populares como las presentadas recientemente en Cataluña  (ILP en favor de la dacción en pago) y otros organismos buscando la forma de consensuar una materia considerada de máxima urgencia.


Autora: Silvia Velasco Navarro.


Extracto de la proposicion de ley: Mas informacion

http://www.senado.es/legis10/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_10_36_368.PDF


viernes, 30 de marzo de 2012

Récord histórico de desahucios y embargos en 2011


30 de marzo de 2012.
Hoy se han publicado los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre desahucios y embargos en nuestro país. Se ha constatado que crecieron un 22% hasta los 58.241 expedientes, la cifra más alta desde que se tiene registro. En los últimos cuatro ejercicios, se han tramitado 166.700 expedientes.

Aunque se señala que las ejecuciones hipotecarias han bajado algo (77.854) siguen estando lejos del año en 2010, con 93.636 procedimientos.
Estos datos reflejan las causas de los conflictos y su impacto en las familias españolas, bien sea por impagos de rentas de alquiler (desahucio) o bien por no hacer frente al préstamo hipotecario (embargo y posterior lanzamiento para recuperar el banco la vivienda).

Por Comunidades Autónomas: La región mas afectada el año pasado, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes. La menos afectada fue La Rioja, con 244.

Mediación Social y Negociación: Lo cierto es que dadas las cifras presentadas se desconoce el numero de casos que si han podido refinanciarse o resolverse por otras vías (negociación bancaria o mediación residencial) ya que se están practicando en diversas comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco la resolución extrajudicial de conflictos en materia de vivienda , también algunos colegios profesionales que firman acuerdos de mediación hipotecaria (Cantabria, granada, Jerez..) y entidades sin animo de lucro que a través de acuerdos puntuales con entidades publicas y servicios sociales ofrecen asesoramiento, orientación y mediación residencial y social , como es el caso de Caritas Diocesana y Prohabitatge en Cataluña.

Código de Buenas practicas: Al amparo del nuevo Código de Buenas practicas si se están sumando un gran numero de entidades bancarias con el objeto de poder acogerse ,refinanciando y renegociando con sus clientes las condiciones de sus prestamos, a través de una quita en la deuda o con la dacción en pago, evitando el desahucio final y el riesgo de exclusión social en el que se encuentran inmersas multitud de familias. Aunque el carácter voluntario de la misma deja en manos de las propias entidades esta posibilidad de acceder a este código, algunas entidades sociales y plataformas ya han puesto el grito en el cielo sobre la restricción en las condiciones del mismo y su efectividad sobre los afectados.

Ayer, el Congreso convalidó el decreto, con los votos en contra de PSOE y UPyD, por considerar que quedan fuera del mismo una gran parte de la población (96%)

Autora: Silvia Velasco Navarro. 
Experta en mediación de conflictos financieros e inmobiliarios.

Mas información: